Exhortaron a la CIDH a procurar un relator especial y a cumplir el artículo 17 de la Convención Interamericana
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz realizó una rueda de prensa para presentar a los medios de comunicación su informe anual sobre la práctica de la tortura en Venezuela. En un comunicado, la médica Fiorella Perrone, representante de la Red, resaltó la presencia de la práctica dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Tan sólo desde el año 1995 la organización ha procesado 420 casos de tortura, de los cuales 237 se han presentado durante los últimos 10 años.
Los cuerpos de seguridad más involucrados con este tipo de flagelo es la Policía Metropolitana, representada por un 24,18% de los casos, seguida del Cicpc que registra un 22,28%, cifra alarmante dada la condición del órgano de ser un cuerpo de investigación que no debería incurrir en este tipo de prácticas. Le siguen las policías estatales con 17,12% y la Guardia Nacional con 13,32%, tambien se encuentran involucradas las policías municipales, el Ejército y la Disip.
Entre los métodos de tortura más utilizados por los organismos destacan las patadas y golpes con un 70% de los casos, seguido de amenazas de muerte o tortura a familiares, agresiones verbales y lanzamientos contra paredes, piso o escaleras.
Alfredo Ruiz, miembro de la Red, recordó que la Constitución de 1999 establece una disposición transitoria en la que, en el plazo de un año (es decir, en el año 2000) la Asamblea Nacional está obligada a redactar una ley para la prevención y sanción de la tortura, considerando que la práctica se mantiene vigente en el país a pesar de ser ilegal. Asimismo, solicitó al presidente de la República que prepare un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país y que tome en cuenta los avances logrados y las deficiencias aún existentes.
Aunado a esto, la Red de Apoyo solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que nombre un relator especial contra la tortura para que realice una revisión permanente de los avances y recomendaciones con el fin de erradicar la terrible práctica. También exhortaron al organismo a cumplir con el artículo 17 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece la presentación de un informe anual sobre la situación de los casos en cada país de la Organización de Estados Americanos.
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