viernes, 8 de enero de 2010

INVESTIGAN A FUNCIONARIOS DEL CICPC POR DESAPARICIÓN FORZOSA

Familiares de uno de los hombres encontrados maniatados y semienterrados entre los matorrales de la carretera vieja hacia San Mateo, estado Monagas, señalaron a funcionaros del Cicpc delegación Punta de Mata por el crimen.
Los cadáveres de Pedro Emilio Centeno Longart (32) y José Ángel Hernández Balbás (23), quienes habían sido detenidos por agentes del Cicpc de Punta de Mata el pasado sábado 02/01/10, en un conjunto residencial de Lechería, fueron encontrados semienterrados y con pies y manos atados. Se les pudo observar golpes y disparos de escopeta que destrozaron la cabeza y los pies, además de impactos producidos por pistolas.
Los restos fueron trasladados por una comisión del Cicpc a su sede en Barcelona, donde los familiares identificaron los cuerpos que, debido al estado en que se encontraban, tenían data de muerte de varios días antes.
Aimar Balbás y Yosmary Revetto, hermanas de José Ángel Hernández denunciaron que los hombres habían sido detenidos por cinco policías en una camioneta Terios, y que al momento de la detención, las víctimas se encontraban con vida.
Luis Centeno, padre de Pedro Emilio Centeno, señaló que los jóvenes fueron torturados y llevados a una montaña, tal como lo hacían los escuadrones de la muerte.
Los familiares no se explican cómo en la sede del Cicpc Barcelona no se reportó que una comisión del estado Monagas se encontraba investigando la muerte del agente Juan Carlos Osa el pasado 02/01/10, ni que detuvieran a dos personas sin ponerlas a la orden de ese despacho.
El fiscal auxiliar 19, Ernesto Cova y una representante de la Defensoría del Pueblo abrieron las averiguaciones por desaparición forzosa y tratan de identificar a los funcionarios que participaron en el procedimiento.
Centeno exigió al gobernador de Anzoátegui, Tarek William Saab, aplicar los correctivos necesarios y castigar a los responsables del doble asesinato, al tiempo que manifestó que llevará el caso hasta la Asamblea Nacional.

domingo, 3 de enero de 2010

DENUNCIAN A FUNCIONARIO POR MUERTE DE PESCADOR

Familiares de Héctor Daniel Rivero Gutiérrez, fallecido el pasado 01/01/10, responsabilizaron a un funcionario de la Policía del estado Sucre por la muerte del joven.
Según lo expresado por los familiares de la víctima, el muchacho de 21 años se encontraba el 25/12/09 en un expendio de licores donde también estaba el uniformado. “Al parecer hubo una discusión y el funcionario hizo disparos. Una bala agarró a mi hijo en la cabeza”, comentó Héctor Rivero, padre del fallecido, quien desconoce el motivo de la disputa pero asegura que existen testigos del hecho.
Los familiares denunciaron el caso ante la Policía estadal de Araya, la Fiscalía y el Cicpc, pero no han obtenido respuesta. “En la policía estadal solo se preocuparon de cuidar a la familia del funcionario, quienes viven en Araya. El agente trabaja y reside en Cumaná, solo estaba pasando navidad allá”, dijo la hermana de la víctima, Addis Gutiérrez.

viernes, 1 de enero de 2010

EXIGEN REABRIR EL CASO DE EJECUCIÓN DE MENORES DE EDAD

El abogado penalista Morly Uzcátegui exigió a las autoridades del Cicpc y a la Fiscalía que reactiven las investigaciones del caso “Gallo Verde”, donde dos menores de edad perdieron a vida.
El pasado 21/07/09, dos jóvenes de 14 y 15 años fueron asesinados por pistoleros en el Conjunto Residencial Gallo Verde, entre los que, según el jefe de la Policía Científica del Zulia, César Gómez, se encontraban dos funcionarios policiales, uno adscrito a un cuerpo de inteligencia y otro perteneciente a una policía municipal del estado Zulia.
Fuentes ligadas a la investigación aseguraron que los uniformados se encontraban vestidos de negro y uno de ellos, de apellido Morillo y adscrito al órgano de inteligencia, conducía la camioneta 4Runner gris plateada desde donde se propinaron los disparos. El otro funcionario iba de copiloto.
Uzcátegui exigió que se realicen nuevas experticias a la camioneta que conducían los presuntos funcionarios, y aseguró que “las armas que fueron sometidas a pesquisas no eran las de los funcionarios, ellos entregaron otras a los expertos del Cicpc”. Los familiares de los menores asesinados esperan aún que se haga justicia por la muerte de los jóvenes.