martes, 30 de junio de 2009

ORGANIZACIÓN JUSTICIA HOY SE PRONUNCIA ANTE CASOS DE IMPUNIDAD

Atilio Tapia, representante de la organización no gubernamental Justicia Hoy, pidió controles estrictos y depuración en los cuerpos de seguridad de la región guayanesa.
Para el representante es insólito que tras la desaparición de Ruthmary Hernández y Oscar Nieto Méndez, el pasado 07/06/09, no se haya pronunciado ningún organismo policial. Ambas personas desaparecieron luego de que presuntamente comandos policiales llegaran a sus casas en Las Amazonas y se los llevaran a la fuerza. Familiares de los desaparecidos acusan del hecho a funcionarios de la Policía Municipal de Caroní.
Tapia asegura que tras el hecho sólo hay incertidumbre. "Se los llevaron de sus casas y nadie sabe nada. Esto no es posible". El abogado comentó que están pidiendo al Ministerio Público y al Fiscal de Derechos Fundamentales, Juan Rodolfo Martínez, que nombren una comisión del Cicpc para resolver el caso. Señaló además que, durante este tiempo, testigos y familiares de las víctimas han recibido amenazas.
Margi Hernández, hija de Ruthmary, se quejó afirmando que "todo el mundo vio cuando los patrulleros se la llevaron. Quiero a mi madre de regreso y saber qué le pasó. Así sea viva o muerta".
El abogado denunció el abuso de autoridad en las filas de organismos como la Policía del estado Bolívar, Policía del Caroní y el Cicpc. Acotó que un funcionario de la Policía estadal será enjuiciado este mes por la tortura de un joven en la comisaría de Vizcaíno y que, después de cinco años, funcionarios acusados de asesinar a un adolescente de 16 años no han podido ser enjuiciados pues se han negado, en ocho oportunidades, a comparecer frente al Tribunal Cuarto de Control, donde se encuentra el caso.

MADRE DE ULTIMADO DESMIENTE VERSIÓN POLICIAL

Yolanda Dorta, madre de uno de los hombres asesinados la noche del pasado lunes 22/06/09, se acercó a la redacción del diario Correo del Caroní para desmentir la versión policial del caso.
Dorta asegura que su hijo recibió una llamada y se fue, junto a José Manuel Paredes, al sitio donde fueron ultimados. “Ellos estaban parados hablando y llegó un Ford Fiesta, azul, se bajó un tipo bajito, caminó hacia ellos y hasta los saludó; pero le dio a mi hijo un tiro en el estómago y luego le disparó en el piso. Al otro muchacho (Paredes) lo mataron porque estaba ahí” expresó.
Según la versión policial, Douglas Almarza Dorta y José Manuel Paredes murieron luego de desobedecer la voz de alto de un funcionario, pues se encontraban cometiendo un presunto robo.
La madre comentó que de ser cierta la versión policial, el funcionario debía permanecer en el sitio del enfrentamiento pero, al contrario, les quitó los celulares a las víctimas y se fue. Manifestó también que la policía le dijo que alguien había citado a los hombres al lugar para matarlos.
Dorta reiteró que tiene certeza de que el crimen quedará impune “pero sólo quiero desmentir esa versión sobre lo que pasó esa noche. No voy a negar que mi hijo tuviera problemas, pero las cosas no pasaron así”. Afirmó estar segura de que no se hará justicia. Disponible en: www.correodelcaroni.com/content/view/130272/130/

JEFE DEL GRUPO EXTERMINIO SE ESCAPA DE RETÉN

José Joaquín Mosquera, jefe del Grupo Exterminio, se escapó este 25/06/09 del Retén de San Carlos del Zulia, presuntamente con colaboración policial. Junto a él escaparon Jorman Eduardo Jáuregui Fontalvo, detenido por homicidio desde agosto de 2008 y Nerio de Jesús Muñoz Urdaneta, preso desde abril de este año por actos lascivos. Un vocero militar aseguró que la fuga se concretó “con la ayuda de funcionarios policiales”. Los prófugos cortaron uno de los barrotes de la celda y quitaron una cabilla del techo, para luego saltar al bahareque del frente del centro penitenciario. El comisario Jesús Jiménez, jefe del Cicpc de San Carlos del Zulia comentó que están realizando las investigaciones pertinentes para determinar la complicidad interna y el paradero de los fugados. Afirmó la activación de operativos especiales para la captura de los tres hombres. Por su parte, la comisaria Odalys Caldera, Secretaria de Seguridad Ciudadana y Orden Público del Zulia, reiteró que las condiciones del retén “no estaban dadas para mantener un delincuente de alta peligrosidad”. Las autoridades investigan si Mosquera salía en horas nocturnas y en compañía de funcionarios policiales a transitar por las calles del municipio. Disponible en:

lunes, 29 de junio de 2009

MADRE PIDE JUSTICIA EN ASESINATO DE SU HIJO

Carmen González, madre del estudiante fallecido el pasado 25/03/09 en Puerto Cabello, se trasladó hasta la corresponsalía del diario Notitarde para hacer un llamado, con el fin de que se haga justicia en el caso de su hijo pues, según su versión, los implicados se encuentran en libertad. Según González, en el caso hay siete funcionarios de la Policía de Carabobo, pero sólo uno de ellos ha sido privado de libertad pues el resto se encuentra bajo libertad condicional. Al parecer, el detenido nunca fue trasladado al penal de Tocuyito, según había sido dispuesto por el Juez Primero de Control, al contrario, fue dejado en el comando costero. Carmen González afirma que el implicado salió del lugar pues ha sido visto por varias personas. González acotó que su hijo estaba libre de antecedentes penales, de lo que puede dar fe el Cicpc y exige celeridad en las investigaciones. Disponible en: www.notitarde.com/sucesos/sucesos8.html

DENUNCIAN IMPUNIDAD EN UN CASO DE ABUSO POLICIAL

El juicio del secuestrado Javier Enrique Paz Castillo, hace casi cinco años por parte de dos funcionarios de Policaracas, ha sido diferido diez veces. El próximo se realizará este 14 de julio.
Los oficiales José Gutiérrez y Jonathan Chaparro se encuentran en libertad desde junio de 2008. Según el abogado Alejandro Yemes, “El secuestro se ha instalado en Venezuela por la impunidad que dan los jueces y los fiscales. Si los policías que cometen delitos estuviesen presos, ese delito bajaría por lo menos 50%. En el caso que estoy denunciando hay un fraude procesal”.
El abogado hizo un llamado para que efectúe una revisión en la selección de los funcionarios de Policaracas, pues según indica existen muchos uniformados con antecedentes. A su juicio, la impunidad existe por la falta de importancia que dan los jueces a los casos en los que hay policías implicados en delitos.
Yemes recordó que los familiares de la víctima pagaron, en el momento, 20.000 Bolívares Fuertes por la liberación del hombre de 26 años. No obstante, los plagiarios se quedaron con el auto del secuestrado para pedir otros 20.000 Bs.F., pero fueron detenidos por el Cicpc.
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domingo, 28 de junio de 2009

PRESUNTOS FUNCIONARIOS IMPLICADOS EN EL ASESINATO DE UN HOMBRE

Según investigaciones de la División Contra Homicidios y la División Antiextorsión y Secuestros del Cicpc, miembros de la banda “Los Invisibles” son los responsables del homicidio de un comerciante sirio ocurrido el pasado 26/06/09.
Miguel Antonio Djamous Kasale se encontraba en compañía de su esposa entrando a la residencia donde vive en Los Chorros, en horas de la madrugada, cuando una camioneta Cherokee color arena, ocupada por seis sujetos los interceptó y trató de plagiar. La víctima trató de defenderse y en el forcejeo con los delincuentes recibió dos impactos de bala que lo dejaron sin signos vitales.
Los investigadores del Cicpc han localizado testigos con información que hace presumir que los autores del homicidio son seis de los miembros de la banda “Los Invisibles” conformada en su mayoría por efectivos policiales y dedicada al plagio de mujeres. La organización está signada de haber cometido el 80% de los secuestros en Caracas en el 2008, especialmente en la zona norte de la capital.
El 14 de mayo de 2008 asesinaron en el mismo sector a Alberto Crisafi, diputado del Consejo Legislativo de Miranda y fundador del partido Primero Justicia. “Los Invisibles” también fue relacionado presuntamente con la muerte de la psicóloga Ana Matilde Raymondi, ocurrida en la avenida San Martín el pasado 10/06/09.
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sábado, 27 de junio de 2009

COFAVIC Y COFIVANZ ADVIERTEN ABUSO POLICIAL EN ANZOÁTEGUI

Señalan que los casos de impunidad son muchos y reclaman la atención de las organizaciones del Estado La directora del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), Liliana Ortega, comentó que en el estado Anzoátegui existen altos índices de impunidad en cuanto a casos de violación de Derechos Humanos por parte de funcionarios policiales y militares.
Desde marzo de 2001 hasta julio del 2008, COFAVIC ha registrado 32 casos de transgresiones a las garantías ciudadanas ofrecidas por la ley. Por su parte el Comité de Familiares de Víctimas de Abusos Policiales de Anzoátegui (COFIVANZ) registró, desde enero del 2000 hasta diciembre de 2007, 62 denuncias sobre casos de abuso policial en la región.
Entre los casos más representativos se encuentra el de Alí Duarte Urquiola, quien fue asesinado en el Centro de Reclusión de Puente Ayala el 23 de agosto de 2008. Sus familiares, Isober Urquiola de Duarte y su esposo, aún esperan que se haga justicia.
Otro de los casos es el de Melquiades Villarroel de Moreno, cuyo hijo Rafael Leonardo fue asesinado en El Tigre, junto a Wilmer Villarroel y Yavidilet Placeres. Un tribunal de primera instancia condenó a cinco efectivos por el hecho pero la sentencia fue posteriormente anulada por una Corte de Apelaciones, que ordenó un nuevo juicio.
Alfredo Ruiz, vocero de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, expresó que el proceso llevado a cabo por el gobernador Tarek William Saab de reformar los organismos policiales requiere de un control externo del Ministerio Público, para estar atentos ante cualquier denuncia.

COFAVIC SE PRONUNCIA ANTE PANFLETOS DE PRESUNTOS GRUPOS DE EXTERMINIO

El Comité exhortó a las autoridades a tomar parte en el problema de la inseguridad en Venezuela El Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) reclamó, en un comunicado, al Ministerio Público y los Tribunales que inicien una investigación completa, imparcial y efectiva a fin de identificar la procedencia de los volantes amenazantes del supuesto Grupo Exterminio, difundidos en los estados Zulia y Portuguesa en las últimas semanas.
COFAVIC solicita que sea investigado el caso con el fin de determinar si hasta el momento ha habido víctimas como consecuencia de las amenazas proferidas por el grupo y sancionar a los responsables materiales e intelectuales del evento.
Asimismo, la organización reclamó a las autoridades nacionales y regionales asumir el problema de la inseguridad reinante en el país como un tema prioritario, de urgencia y gravedad. Recordaron en el comunicado que la Fiscalía ha contabilizado más de 7000 casos de ajusticiamiento desde el año 2000.
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RED DE APOYO PRESENTA CASOS DE TORTURA EN EL PAÍS

Exhortaron a la CIDH a procurar un relator especial y a cumplir el artículo 17 de la Convención Interamericana
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz realizó una rueda de prensa para presentar a los medios de comunicación su informe anual sobre la práctica de la tortura en Venezuela. En un comunicado, la médica Fiorella Perrone, representante de la Red, resaltó la presencia de la práctica dentro de los cuerpos de seguridad del Estado. Tan sólo desde el año 1995 la organización ha procesado 420 casos de tortura, de los cuales 237 se han presentado durante los últimos 10 años. Los cuerpos de seguridad más involucrados con este tipo de flagelo es la Policía Metropolitana, representada por un 24,18% de los casos, seguida del Cicpc que registra un 22,28%, cifra alarmante dada la condición del órgano de ser un cuerpo de investigación que no debería incurrir en este tipo de prácticas. Le siguen las policías estatales con 17,12% y la Guardia Nacional con 13,32%, tambien se encuentran involucradas las policías municipales, el Ejército y la Disip. Entre los métodos de tortura más utilizados por los organismos destacan las patadas y golpes con un 70% de los casos, seguido de amenazas de muerte o tortura a familiares, agresiones verbales y lanzamientos contra paredes, piso o escaleras. Alfredo Ruiz, miembro de la Red, recordó que la Constitución de 1999 establece una disposición transitoria en la que, en el plazo de un año (es decir, en el año 2000) la Asamblea Nacional está obligada a redactar una ley para la prevención y sanción de la tortura, considerando que la práctica se mantiene vigente en el país a pesar de ser ilegal. Asimismo, solicitó al presidente de la República que prepare un informe sobre la situación de los Derechos Humanos en el país y que tome en cuenta los avances logrados y las deficiencias aún existentes. Aunado a esto, la Red de Apoyo solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que nombre un relator especial contra la tortura para que realice una revisión permanente de los avances y recomendaciones con el fin de erradicar la terrible práctica. También exhortaron al organismo a cumplir con el artículo 17 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que establece la presentación de un informe anual sobre la situación de los casos en cada país de la Organización de Estados Americanos. Disponible en:

viernes, 26 de junio de 2009

GRUPO EXTERMINIO AMENAZA DE MUERTE A 127 PERSONAS EN PORTUGUESA

La actuación la organización es muy similar a la sucedida en el año 2000
Desde hace una semana comenzó la circulación de panfletos de la muerte en el estado Portuguesa, firmados por la “Nueva organización del tristemente célebre Grupo Exterminio”, en los que amenazan con el asesinato de 127 personas, supuestos delincuentes nombrados por sus apodos.
La amenaza consiste en el asesinato de todas aquellas personas que transiten por la zona a partir de las 10 de la noche del 1 de julio, sobre todo aquellos que no estudien ni trabajen. “Sabemos que morirán inocentes y por eso pedimos disculpas”, anuncian.
“Ante todo pedimos disculpas a la sociedad en general de todo el estado Portuguesa por nuestro retraso, ya estamos por dar inicio a nuestro sistema de limpieza, ya verán que todos estarán agradecidos con nuestro grupo”. Anuncia el documento desconociendo la existencia de autoridades policiales y judiciales en la región.
Los responsables del documento anuncian también que no respetarán a nadie, por lo que las esposas y familiares de los amenazados deben cuidarse de estar con ellos pues podrían sufrir graves consecuencias. Los familiares, por su parte, comentaron al diario El Nacional sentir temor pues muchos de los apodos utilizados son verdaderos.
Este nuevo “Grupo Exterminio” presenta varias semejanzas con la organización anterior, entre ellas la publicación de los comunicados amenazantes. En el año 2000 comenzó a funcionar en el estado Portuguesa un grupo parapolicial que se encargó de ajusticiar a 200 personas y asesinar a 16 testigos, en una de las etapas más oscuras de los derechos humanos en Venezuela.
Las investigaciones judiciales para entonces sólo permitieron llevar a los tribunales 7 casos, correspondientes a 11 víctimas, y se ratificó la condena a 10 funcionarios de la Policía de Portuguesa.
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APARECEN EN ZULIA PANFLETOS DEL GRUPO EXTERMINIO

Veintisiete personas han sido amenazadas Una nueva versión de los panfletos de la muerte se encuentra circulando en las barriadas del municipio Mara, en el estado Zulia. En el documento, un supuesto grupo exterminio advierte sobre la “limpieza social” que planean aplicar, por medio del asesinato de supuestos delincuentes y azotes de barrio. En los panfletos, encontrados en plena vía pública, se amenaza a 27 personas, cuatro de ellas ya fallecidas: “Atacaremos la violencia con violencia” señala, al referirse a la amenaza de muerte a secuestradores, asesinos y cobravacunas. También advierten que tomarán represalias contra taxistas, mototaxistas y colaboradores de las bandas delictivas mencionadas y se disculpan ante la posibilidad de que inocentes sean abatidos. El director de Polimara, José González asegura que los panfletos tienen la intención de crear el escenario para la comisión de asesinatos entre delincuentes, haciendo creer que se trata de un grupo exterminio. Asimismo, el alcalde de Mara, Luis Caldera señaló su rechazo a este tipo de actuaciones y se refirió a la responsabilidad del Estado con respecto a la aplicación de las leyes y la justicia. Por su parte, el jefe del Cicpc- Maracaibo, Jesús Teresen, precisó que están realizando las averiguaciones para identificar a los responsables del documento. Mientras tanto, funcionarios de la Policía Regional allanaron las viviendas de cinco miembros del “Grupo Exterminio” en la población de El Moralito y El Caracolí. En el procedimiento fueron detenidos Miguel Ángel Campos Gómez y Carlos Alberto Palmar González, para posteriormente ser dejados en libertad por no encontrar elementos que los comprometieran. Disponible en: www.panorama.com.ve/05viernes/545807.html www.panorama.com.ve/04jueves/545390.html www.panorama.com.ve/05viernes/545868.html

lunes, 22 de junio de 2009

FUNCIONARIOS DE PM SON ACUSADOS POR LA MUERTE DE UN HOMBRE

El pasado sábado 20/06/09 fue asesinado el albañil Henry Blanco por funcionarios de la Policía Metropolitana, en el barrio Bello Campo del municipio Chacao. Según varios testigos, el homicidio ocurrió cuando Blanco, junto a otras personas de la comunidad, trataba de defender a uno de los vecinos de nombre Deivis Peña, quien estaba siendo arrastrado y tomado a la fuerza por los cinco agentes. Según el relato de Mirla Peña, hermana de Blanco, los efectivos habían perseguido a Deivis desde su salida en una casa de apuestas hasta la puerta de su casa, donde intentaron detenerlo, a lo que Blanco y otras personas salieron a defenderlo. La víctima recibió tres impactos de bala por parte de los uniformados: dos en la cabeza y uno en la espalda, en el momento en que se disponía a marcharse del lugar. Uno de los efectivos intentó dispararle al sobrino de Blanco quien salió a su defensa, pero la comunidad lo impidió. Dos de los funcionarios lograron escapar y se llevaron consigo el arma con que fue asesinado el albañil de 42 años y se llevaron a Deivis Peña, quien fue encontrado el pasado 21/06/09 en los calabozos de Boleita por supuesto porte de drogas. Los otros tres uniformados fueron apresados por el Cicpc. Disponible en: http://www.eluniversal.com/2009/06/22/sucgc_art_acusan-a-pm-de-asesi_1439038.shtml

viernes, 19 de junio de 2009

Policaracas denuncian irregularidades dentro del organismo

Un grupo de agentes de Policaracas hizo denuncias de presuntas irregularidades que ocurren en el organismo. Los denunciantes distribuyeron panfletos con la finalidad de llamar la atención de las autoridades y la comunidad respecto a los hechos.

Entre las peticiones, solicitan que se investigue la muerte de una mujer y su yerno ocurrida el 12/06/09 en Catia. Según su versión, uno de los motorizados implicados en el homicidio es funcionario de Policaracas, adscrito al grupo COE que dirige el director del organismo, Reny Villaverde.

Otra de las denuncias obedece a un motín ocurrido en los calabozos de la institución, donde fueron secuestrados por alrededor de seis horas los familiares de los detenidos por el organismo. Al día siguiente del hecho, fue destituido el entonces jefe de prensa, supuestamente para evitar que diera información a los medios de comunicación, pues podría ocasionar la destitución de los directivos del cuerpo policial.

De igual forma, se denunció que efectivos de Policaracas habrían ruleteado por tres horas a los presuntos homicidas de un estudiante, con el fin de que les entregaran 25.000 Bs.F. para dejarlos en libertad.

Presuntamente, el 18/06/09 en la mañana fueron sacadas de la División de Asuntos Internos varias cajas con expedientes de amigos del director de la institución, en vista de que llegó la orden desde Miraflores de intervenir Policaracas por el asesinato de la psicóloga Ana Matilde Raymondi.

Los denunciantes señalan que el actual director de la institución “es la peor pesadilla que ha tenido Policaracas”. Indicaron que Villaverde ha sido destituido tres veces del organismo policial, pero ha logrado ser reenganchado. Según los funcionarios, dentro de cuerpo policial opera una banda denominada Los Invencibles.

Disponible en: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/06/19/default.asp?cfg=490DLJG76&iu=1640

jueves, 18 de junio de 2009

Panfletos del grupo exterminio aparecen en Valera

El domingo 14/06/09 aparecieron algunos llamados “panfletos de la muerte” en Valera, estado Trujillo. Al parecer, los documentos son pertenecientes al “Grupo Exterminio” y contienen amenazas de limpieza social. También se atribuye a un grupo paramilitar que ha actuado en las poblaciones de Maicao y Cartagena de Indias en Colombia.

A partir del 26 de marzo de 2009, el panfleto apareció en varios sectores y barriadas de Maracaibo. Días después se produjeron una serie de asesinatos en el barrio La Chinita y Ciudad Lozada.

Aunque hasta el momento no se ha registrado ningún homicidio que pudiera estar relacionado con este “Grupo Exterminio”, el Director de Política y Seguridad Ciudadana, Rubén Pérez informó al diario Panorama que todos aquellos grupos y personas que realicen actos fuera de la ley serán penados. Explicó que no permitirán la creación de grupos paramilitares o parapoliciales que buscan hacer justicia por su cuenta, tales como el “Grupo Exterminio”.

Disponible en: www.panorama.com

miércoles, 17 de junio de 2009

PM son los principales sospechosos en asesinato de mecánico

Familiares de Steward Gámez, el mecánico que fue asesinado el lunes 15/06/09 en los predios de El Junquito, denunciaron que este joven había sido extorsionado por presuntos funcionarios de la Policía Metropolitana, por lo que temen que hayan sido estos mismos funcionarios los responsables por su muerte.

Aunque Yeraldine Gámez, hermana de la víctima, no tiene pruebas aseguró: “Se que ellos lo secuestraron hace un mes para obligarlo a que les entregara Bs.F. 15 mil. Lo soltaron cuando él les prometió dárselo. Se los entregó y ellos le dieron un lapso para que consiguiera la misma cantidad y se las volviera a dar”, comentó la mujer al diario El Universal.

Los funcionarios amenazaron a Gámez con cerrarle el taller de latonería y pintura que alquilaba si no les entregaba el dinero que pedían. Yeraldine se basa en el miedo que tenía su hermano debido a las amenazas de los PM, además refuerza su tesis con los comentarios del Ministro de Interior y Justicia Tarek El Aissami “En el 20% de los delitos hay policías involucrados”, y que según el mismo, la Policía Metropolitana es uno de los cuerpos con más casos delictivos cometidos por sus uniformados. Uno de cada cinco PM está involucrado en alguna irregularidad.

Según cifras del Cicpc, durante 2009 hay 76 casos de homicidios cometidos por policías en Caracas, el grueso de estas cifras refleja a 35 Policías Metropolitanos y 26 Policaracas. Sin embargo, sólo 56 casos a nivel nacional han sido remitidos a la Fiscalía.

Disponible en: http://www.eluniversal.com/2009/06/17/sucgc_art_familiares-presumen_1435157.shtml

martes, 16 de junio de 2009

Se acentúan crímenes contra la mujer

De acuerdo con cifras de la Dirección de Estadísticas del CICPC, hasta el domingo 12.06.09 se reportaron 102 mujeres asesinadas, sólo en la ciudad de Caracas.

Aunque el promedio de 2009, según fuentes policiales, es de cuatro homicidios a mujeres semanalmente, en la semana del 8 al 14 de junio de 2009 se registraron siete decesos, lo cual es alarmante y rompe con lo esperado. La semana fue catalogada como la más violenta del año.

El domingo 07.06.09 asesinaron a Vanessa Carolina Sánchez Moreno en un incidente ocurrido en la autopista Francisco Fajardo, supuestamente por un funcionario del Estado. El lunes 8 de junio en horas de la mañana, una pareja de motorizados asesinó a Sheila López Izarra en un supuesto intento de robo. El martes 9 de junio al mediodía fue tiroteada la psicóloga Ana Matilde Raymondi, también por funcionarios, esta vez de Policía de Caracas. El miércoles 10 de junio Magaly Peña quedó atrapada en la línea de fuego en el barrio José Félix Ribas. El sábado fue localizado el cuerpo de una mujer no identificada en la zona industrial de San Martín, los datos arrojados por la revisión preliminar demuestran que fue asesinada. Ese mismo día unos motorizados asesinaron a Migdalia Sequera por razones desconocidas. Finalmente, Rafaela Ramona Andrade corrió con igual suerte al momento en que ocurrió un tiroteo dentro de una buseta en la que se trasladaba.

Expertos en materia de seguridad explicaron al diario El Nacional que esta serie de sucesos ocurre porque ya la mujer no es vista como un sujeto inocente, el crimen organizado comenzó a involucrarlas en procedimientos delictivos, lo que hace al género aún más vulnerable y acentúa su condición de víctimas de la violencia.

Disponible en: El Universal.

http://doblevia.eluniversal.com/2009/06/16/sucgc_art_en-caracas-han-matad_1434016.shtml

domingo, 14 de junio de 2009

Grupo exterminio asesinó a 40 personas en el sur del lago

El diario Panorama, del estado Zulia, publicó un reportaje en el que se muestra la actuación de la banda de ejecución extrajudicial llamada “Grupo Exterminio”. Al parecer, actúan impunemente desde hace cuatro años en el sur del lago de Maracaibo, bajo el mando de un ex policía de Mérida.

La banda ha asesinado a por lo menos 30 personas, a quienes acusaron de ser delincuentes, según informaciones deel Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. La primera víctima de Mosquera fue Braulio Londiza,, en diciembre de 2001. A partir de ahí se produjeron una serie de asesinatos en los sectores de El Caracolí y El Moralito, donde normalmente actúan los delincuentes.

El último asesinato de la banda se produjo el 25.05.09 en el barrio Martín Villegas. La víctima fue Nubia Ríos Sánchez, quien en 2007 denunció a Mosquera por el asesinato de su hijo.

Entre 2005 y 2006 la banda asesinó supuestamente a veintisiete hombres según reseñó Panorama. Cuatro de sus integrantes se encuentran actualmente en los poblados de Santa Bárbara del Zulia, El Vigía y Caja Seca y se dedican supuestamente del cobro de vacuna a ganaderos, robos a grandes comercios y protección a ciertas personalidades. Conforman un grupo de unas 20 personas.

Tambien en 2005, el “Grupo Exterminio” asesinó en El Moralito a quien fuera para el momento intendente de la parroquia, Gerardo Enrique Molina Villasmil.

Una semana antes del asesinato de Nubia Ríos, la banda dejó muertos a los hermanos Jesús Manuel y Ofelio Hernández Parra. En el cadáver del primero fue dejado un panfleto que decía “Los Elegidos’ Grupo Exterminio, muertos por azotes de barrio”, al tiempo que advertía el regreso de los sicarios.

El modus operandi de la banda se caracteriza por cometer los homicidios los días domingo y distribuir panfletos y mensajes con amenaza de limpieza social en las paredes de la ciudad.

Disponible en: Diario Panorama. http://www.panorama.com.ve/

Familiares reclaman acto de impunidad

Familiares de Edinson Urdaneta y Julio César Amaya, asesinados en un presunto enfrentamiento con la Policía del Municipio Cabimas, realizaron una toma de calle para exigir a las autoridades el esclarecimiento del caso y la captura de los oficiales implicados en el hecho.

Edinson Urdaneta, padre del fallecido con el mismo nombre, aseguró la existencia de testigos que presenciaron el momento en que los jóvenes eran esposados y llevados con vida por los funcionarios. Contrario a esto, las fuentes policiales alegaron que los decesos se habían producido durante un enfrentamiento.

Los familiares explicaron que los cuerpos de los jóvenes presentan impactos de bala en el pecho, mientras que en el vehículo en el que se encontraban se registran disparos desde la parte posterior. De igual forma, los cuerpos de los fallecidos tienen marcas de esposas y golpes en la cara, lo que desmiente por completo la versión policial.

Félix Amaya, padre de Julio César, reclamó a la Fiscalía Séptima que cite a los funcionarios de la Policía de Cabimas, pues temen que la muerte de los muchachos quede impune.

Disponible en: Diario Panorama. http://www.panorama.com.ve/

sábado, 13 de junio de 2009

Red de Apoyo condena comportamiento policial

El coordinador general de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Pablo Fernández Blanco, en una entrevista al diario El Nacional, condenó la actuación de la Policía Nacional refiriéndose a los delitos cometidos por los cuerpos de seguridad.

Fernández señaló que ha habido un significativo incremento en el número de hechos delictivos cometidos en el último mes y medio por funcionarios policiales, especialmente por efectivos de la Policía Municipal de Caracas, lo que demuestra una gran pérdida de control en el organismo, por lo que hizo un llamado al alcalde del Municipio Libertador, Jorge Rodríguez, para que tome medidas a corto plazo con el fin de poner fin a la mala actuación policial.

Acotó la urgencia de mejorar los mecanismos de selección de los agentes policiales, así como una continua evaluación física, psicológica y moral, para evitar que los hechos delictivos se sigan cometiendo. Del mismo modo, recalcó la importancia que tiene la aplicación de los mecanismos formales de penalización y explicó que los crímenes cometidos por los funcionarios de seguridad no pueden ser tratados de manera aislada, pues “en materia de derechos humanos existe una responsabilidad por parte de quien los dirige”, que en este caso, es el Estado.

De acuerdo con cifras procuradas por el Ministerio Público, entre 2008 y marzo de 2009 se han abierto 10.858 investigaciones a funcionarios por la comisión de delitos contra los derechos humanos, pero sólo se ha hecho sentencia a 22 de ellos, lo que representa un caso grave de impunidad.

El coordinador de la Red de Apoyo, organización que brinda atención a víctimas de abusos policiales y militares desde el año 1985, señaló que en muchos casos las víctimas de esta clase de hechos no denuncia la falta por temor a que se generen represalias.

Disponible en: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/06/13/default.asp?cfg=2667BBGB2253&iu=1640

Presuntos funcionarios de la PM golpean salvajemente a una familia

Érika López, gerente de comercialización del semanario Las Verdades de Miguel, su esposo Aureliano Ramos, su cuñado, José Rojas y su hija, de 15 años de edad, fueron golpeados salvajemente por el presidente de condominio de un edificio en Vargas y por funcionarios de la Policía Metropolitana.

Los agresores asistían a una fiesta de funcionarios en el edificio Coral Beach, en Los Corales. Laureano López, sargento mayor jubilado de este cuerpo policial, Pedro Márquez, Omar Bello y José Gómez, todos agentes de la PM, fueron los principales responsables del suceso.

López sufrió fractura del tabique nasal, pérdida de una pieza dental, golpes en la cadera y desplazamiento de la mandíbula, según informaciones del diario El Nacional. Además, ella y su familia fueron presuntamente asaltados por los policías. Al momento de los hechos llamaron al CICPC en busca de ayuda, pero cuando llegaron los funcionarios dijeron que no podían actuar porque ellos eran tres y, además de que los agresores estaban ebrios, los superaban en número y los ponían en desventaja.

Al día siguiente la familia se dirigió al organismo a hacer pública la denuncia, pero los funcionarios les indicaron que la flagrancia había vencido aún cuando no habían transcurrido las 24 horas respectivas. En la Fiscalía tampoco hicieron caso del suceso, alegaron que la denuncia había sido interpuesta ante el CICPC.

Disponible en: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/06/13/default.asp?cfg=2667BBGB2253&iu=1640

viernes, 12 de junio de 2009

Enjuician a soldado responsable de la muerte de un minero

El teniente del Ejército, Sandalio Coronel, será procesado nuevamente por la supuesta comisión de homicidio y desaparición forzada de Yban José Cabrera Belonte, en el municipio Sifontes del estado Bolívar en julio de 2003.

El militar fue enjuiciado y seguidamente absuelto en el año 2005, sin embargo, la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar ordenó que este primer proceso fuera anulado, debido a la anterior omisión de pruebas de gran interés criminalístico y testimonial que fueron presentadas por la Fiscalía Segunda del Ministerio Público con competencia en protección de Derechos Fundamentales. El proceso se llevará a cabo en el Tribunal Quinto de Juicio de Puerto Ordaz.

Hasta el momento, Coronel se encuentra detenido en la División de Inteligencia Militar de Caracas y será procesado por la justicia militar por los delitos de homicidio calificado con alevosía y desaparición forzosa, pues el militar no contaba con una orden para retener al minero.

Según el expediente, el funcionario le pidió a Cabrera que se embarcara en un vehículo del Ejército que se dirigió hasta la Piedra de la Vírgen. Un soldado que acompañaba al teniente contó que éste le ordenó que se regresara a buscar papel sanitario, velas y un yesquero y, cuando el soldado regresó, el detenido había desaparecido. Estudios forenses comprobaron que el minero fue arrodillado y ejecutado de un balazo en el cuello. Las pesquisas realizadas determinaron que el proyectil salió del revólver del militar.

Disponible en: www.correodelcaroni.com/component/option,com_wrapper/Itemid,174/?id=128853

jueves, 11 de junio de 2009

Familiares denuncian a funcionario del Estado

Los familiares de Vanesa Sánchez y su esposo Raúl Barazarte, quienes fueron asesinados la noche del pasado domingo 07/06/09, señalan que el principal sospechoso del homicidio es un funcionario del Estado, quien presuntamente trabaja en la organización de seguridad de los actos públicos del presidente Chávez.

La suposición se debe a un altercado que ocurrió entre la pareja y el hombre hace un año, cuando el presunto funcionario, quien conducía una camioneta de la Misión Madres del Barrio, chocó contra el Fiat Palio de la pareja y ambos se agredieron. Raúl Sánchez, padre de la joven, presume que el móvil de este crimen podría ser la venganza, pues el hombre había amenazado de muerte a los esposos. Además, luego del altercado, Barazarte y Sánchez comenzaron a recibir amenazas y por esa razón recibieron una medida de protección del Ministerio Público.

Los investigadores aseguraron que citarán a los que sostuvieron la discusión con Sánchez y su esposo, incluido el presunto funcionario. El CICPC determinó que la pareja y su hija de siete meses fueron atacados desde un jeep y dos motos. Aún cuando los homicidas recogieron las conchas de los proyectiles y huyeron del sitio, los funcionarios del cuerpo científico colectaron varios proyectiles de los cuerpos de las víctimas. Las pruebas están siendo examinadas en los laboratorios de balística para determinar las armas utilizadas en el crimen.

La hija de la pareja, de siete meses de edad, permanece ingresada en el área de cuidados intensivos del Hospital Clínico Universitario, luego de haber recibido siete impactos de bala y enfrentar tres intervenciones quirúrgicas.

Disponible en: http://impresodigital.el-nacional.com/ediciones/2009/06/12/default.asp?cfg=2667BBGB2253&iu=1640

Psicóloga muere en hechos no esclarecidos

Una psicóloga del Cuerpo Técnico de Vigilancia y Transporte terrestre murió, tras recibir varios disparos presuntamente procurados por integrantes de la comisión de la Policía Municipal de Libertador, en la avenida Leonardo Ruiz Pineda de San Agustín del Sur, en Caracas.

Ana Matilde Raymondi, de 32 años de edad, se desplazaba en su automóvil frente a la comisaría Teresa de la Parra, zona 9 de la Policía Metropolitana. Los funcionarios, quienes estaban vestidos de civil, dieron una voz de alto al vehículo y al no detenerse le dispararon cinco veces.

Testigos de lo ocurrido señalaron que al momento en que Raymondi se estaba bajando del automóvil los policías le volvieron a disparar. Acotaron que cuando los funcionarios se percataron de que la víctima era una mujer la subieron en una moto y la trasladaron al Hospital Universitario de Caracas, donde falleció.

Los vecinos del sector, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, intentaron linchar a los policías, les lanzaron palos y piedras y cerraron la autopista Francisco Fajardo en sentido oeste-este en una protesta que tuvo lugar por más de una hora y que fue disuelta por funcionarios de orden público tras disparar perdigones al aire. Los manifestantes acusaron a funcionarios de recoger las evidencias que quedaron en el lugar donde se produjo el homicidio.

Según el diario El Nacional, fuentes extraoficiales informaron que un grupo de funcionarios adscritos a la División de Investigaciones se encontraba en el sector tras la pista de ladrones de vehículos. Al parecer, los uniformados confundieron a Raymondi con la integrante de una banda y por eso le dispararon.

Actualmente los funcionarios se encuentran bajo investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y serán presentados a la Fiscalía de derechos fundamentales. El director del CICPC, Wilmer Flores Trocel indicó que se está descartando la hipótesis de enfrentamiento y en su lugar se le está dando peso a la de la irresponsabilidad de los funcionarios al disparar a la psicóloga por desacatar una voz de alto.

Los funcionarios de Policaracas implicados en la muerte la psicóloga Ana Matilde Raymondi el martes 9 de junio de 2009, fueron privados de libertad por orden de detención preventiva del Tribunal 24 de Control, por los delitos de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego.

En la primera declaración de los funcionarios, argumentaron que su presencia en el sitio se debió a la cacería de unos delincuentes denunciados por vecinos, al parecer, pertenecientes a la banda “El Keny” y encargados de robo de vehículos, pero la orden de aprehensión fue tramitada un día después del asesinato de la psicóloga. Sin embargo, los imputados no pudieron justificar el procedimiento por estar vestidos de civil cuando debían haber estado uniformados.

Disponible en: www.el-nacional.com; www.eluniversal.com