La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas provisionales de protección a favor de dos personas privadas de libertad, que desaparecieron en septiembre y noviembre de cárceles venezolanas.
El pasado 07/09/09 se hizo pública la desaparición de Francisco Dionel Guerrero Larez de la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) en el estado Guárico. Dos meses después, el 08/11/09 desapareció Eduardo Natera Balboa del Centro Penitenciario de Oriente (Cárcel de El Dorado) en el estado Bolívar.
Las organizaciones no gubernamentales Observatorio Venezolano de Prisiones, Cofavic, Provea, Espacio Público, Cejil, Acción Solidaria, Podemos Ayudar y el jurista Carlos Ayala Corao presentaron el caso de Eduardo Natera ante el organismo internacional, basándose en los artículos 63.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el 26 del reglamento de la Corte Interamericana.
El 17/11/09 la Corte-IDH emitió la resolución de protección a favor de Guerrero Larez y el pasado 1º de diciembre la correspondiente a Natera, en la cual exhortó al Estado venezolano a “adoptar medidas urgentes” para determinar el paradero de los hombres y garantizar su integridad personal y su derecho a la vida.
Las posibles respuestas que se manejan con respecto a la desaparición de estas personas son la desaparición forzosa y la fuga. En el primer caso, pudieron haber sido asesinado e inhumados en secreto. En cualquiera de los casos, el Estado debe responder por los hechos pues ambos desaparecidos se encontraban bajo su custodia y responsabilidad. “Dada la especial posición de garante del Estado frente a personas privadas de libertad, cuando una persona bajo custodia estadal pasa a ser presuntamente desaparecida, sin reconocimiento o esclarecimiento alguno por parte del Estado, es razonable inferir que se encuentra en una situación de grave riesgo”, reza el documento entregado por las ONG.
Por el caso Natera existen 16 efectivos detenidos, once Guardias Nacionales y cinco funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia. Los uniformados son acusados de la desaparición forzosa de las personas que se encontraban privadas de libertad.
El próximo 08/12/09, el Estado debe notificar a la Corte acerca de lo ocurrido con la investigación de Natera y, el 16/12/09 el Observatorio Venezolano de Prisiones presentará al organismo internacional su propio informe al respecto. A partir de esta fecha, Venezuela deberá informar cada dos meses a la Corte-IDH acerca de los avances de la investigación.
Sobre Venezuela recaen seis medidas provisionales de protección dictadas por la Corte para las árceles de Yare I y II, El Rodeo, La Pica y Uribana y estas dos últimas individuales. Venezuela es el único país de los más de 30 que conforman la OEA que tiene este número de medidas en el tema carcelario.
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