Familiares de Boris Tremura, Néstor José Marrón y Wilmer Torres, presuntamente asesinados a manos del ex funcionario de la Policía del Estado Bolívar, Argenis Vladimir Romero Moreno, entre diciembre de 2001 y mayo de 2006, denunciaron que el implicado goza de privilegios en la sede de Patrulleros de Caroní.
Según los denunciantes, la jueza Elena Dicciocio habría emitido una orden de captura en mayo de 2006, donde se especificaba que el ex funcionarios debía ser capturado y trasladado a los calabozos de Guaiparo hasta tanto concluyeran las presentaciones preliminares y audiencias. Los familiares de las víctimas alegan que esta orden no se ha cumplido a cabalidad pues el uniformado permanece en Guaiparo.
Los familiares hicieron un llamado a los cuerpos policiales del estado para que emprendan la resolución del caso en beneficio de la justicia, así como solicitaron que le sean retirados los beneficios que actualmente posee y sea trasladado a Guaiparo.
Asimismo, denunciaron que Lisbeth Moreno, hermana del ex funcionario, se mantiene con una actitud intimidante para con las familias de las víctimas: “esta mañana se presentó en la audiencia con cuatro policías amigos suyos como para que nos diéramos cuenta que ellos tienen su gente, para meternos miedo”. Agregaron que responsabilizan a la funcionaria de cualquier daño que les ocurra, pues han percibido una serie de irregularidades en las cercanías de sus residencias. “Tenemos miedo que nos pueda hacer daño para que desistamos de hacer justicia”, comentaron.
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